No, con nuestra salud no se juega.

 


Ayer marcó un antes y un después para nuestra clase política, siempre acostumbrados a que cada uno haga la guerra por su cuenta y riesgo, quedando todo en agua de borrajas, a veces más interesados por beneficio propio que no por el general o por hacer realidad las demandas, pero esta vez no, ayer la unión no sólo hizo la fuerza sino también  la evidencia.

En Cáceres, Badajoz, Madrid, Teruel, Sevilla, Zamora o Tarragona, todos unidos, docentes, policías nacionales, funcionarios de prisiones, jubilados y otra larga lista de cuerpos de funcionarios afectados, junto a sus familiares, centrales sindicales, sindicatos y asociaciones de todo tipo, de allá o de acá, de acá o de allá, más cercano o lejano, en una unión sin precedentes, sin dejar a nadie atrás, en una unión como nunca se había visto, con una sola voz, con una sola intención, con un único propósito, con nuestra salud y derechos no se juega.

Y cuando hablo de salud, hablo de todos, tanto los que hemos levantado la voz por ser afectados de MUFACE, como aquellos adscritos al sistema de salud público, pues no se trata de ningún privilegio que no estemos pagando tanto unos como otros, pero es una evidencia que trasladar al sistema sanitario público más de un millón y medio de mutualistas es colapsar cualquier sistema sanitario ya de por sí saturado con listas de espera interminables y citas imposibles.

Pero vamos a ponernos en casos más concretos que quizás no han contemplado algunos y algunas, hombres o mujeres del pueblo sin el pueblo, que pueblo somos todos, han obviado. La desaparición de la prestación sanitaria con aseguradoras privadas dejaría a más de ocho mil funcionarios y sus familiares sin cobertura médica fuera de España y en el caso de ser asumido el coste por el sistema sanitario público, los costes serían para echarse a temblar; sólo la asistencia, hospitalización, operaciones, urgencias, etcétera ni hablamos. Enfermos crónicos en tratamientos específicos, o en procesos de tratamiento oncológico, por ejemplo, deberán trasladar o dejar de seguir con los mismos procesos y tratamientos a esperas de ser absorbidos por la sanidad pública, y cuando lo hagan los que ya están recibiéndolo, verán retrasados los suyos ostensiblemente. No, señores, con la salud no se juega.

Pero aún más, qué hacer con aquellos que han superado los sesenta y cinco años, pensionistas y jubilados que no podrán acceder ni queriendo a una sanidad privada, no ya por querer ellos, por las condiciones de las aseguradoras.

Lo peor de todo esto es que licitaciones hay periódicamente, cada vez que se acaba el periodo acordado, pero esta vez a alguna mente pensante, o se le presupone, le ha dado por decir que quiere acabar con MUFACE. Dicho y hecho, las aseguradoras a especular y presionar desorbitadamente conocedores de la improbabilidad de que eso ocurra.

Algunos reconocerán esta famosa frase del senador que quiso derrocar a Cómodo: “No pretendo ser un  hombre del pueblo, sino para el pueblo”, pues después de esta  demostración de unidad, de hermanamiento y en todo rincón y lugar de nuestra geografía, aquellos o aquellas que presumen ser hombre o mujer del pueblo, elegido o elegida por el pueblo, no debe ni puede obviar que fueron elegidos para el pueblo, no para mantener su exigua cuota política de votantes que le permita ser elegible por el pueblo o por quien designa al que rige la salud del pueblo.

Saturnino Acosta García Presidente de ANPE Cáceres.

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